El Gobierno de Javier Milei modificó las condiciones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y habilitó que compañías controladas por capitales extranjeros puedan ser reconocidas como proveedoras locales. La medida genera preocupación por el impacto que podría tener sobre las pequeñas y medianas industrias argentinas, entre ellas las que forman parte del entramado productivo de Llavallol.
La modificación fue establecida mediante el Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial. A partir de esta decisión, las empresas constituidas y domiciliadas en el país podrán acceder al reconocimiento como proveedoras locales sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni el origen de los fondos que las integran.
De esta manera, una compañía controlada íntegramente por capitales extranjeros podrá competir en las mismas condiciones que una empresa de capital nacional para abastecer a los grandes proyectos de inversión incluidos en el régimen. Para el suministro de bienes, de todos modos, continuará vigente el criterio de origen nacional establecido por el Mercosur.
Desde el Gobierno sostienen que el cambio apunta a ampliar la participación de empresas radicadas en la Argentina en las cadenas de suministro vinculadas con grandes inversiones. Sin embargo, la decisión también abre interrogantes sobre las posibilidades de las pymes nacionales de competir frente a grupos internacionales con mayor capacidad financiera, tecnológica y productiva.
En ese escenario, uno de los sectores que podría verse perjudicado es el entramado industrial de Lomas de Zamora. El Parque Industrial de Lomas de Zamora, ubicado en Llavallol, reúne empresas y actividades productivas que podrían enfrentar nuevas dificultades para competir por oportunidades de provisión si se amplía la participación de compañías respaldadas por capitales extranjeros.
El decreto también introduce cambios en las condiciones para la compraventa de acciones, el ingreso de nuevos socios y las reorganizaciones societarias de las empresas adheridas al RIGI. Estas operaciones podrán concretarse sin que las compañías pierdan los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios del régimen, siempre que cumplan con los procedimientos establecidos.
Además, se modifican determinados plazos de inversión para proyectos de exportación estratégica y las condiciones de acceso al mercado de cambios. Entre otros aspectos, se contempla la posibilidad de computar aportes y financiamiento externo provenientes de accionistas y casas matrices.
Con esta reforma, el Gobierno profundiza su estrategia de incentivos para atraer grandes inversiones, mientras crece el debate sobre sus consecuencias para la industria nacional. El desafío será determinar si la ampliación del régimen genera oportunidades para las empresas argentinas, impulsa el empleo y fortalece las cadenas productivas locales, o si termina profundizando las diferencias entre las grandes compañías internacionales y las pymes.

