El Poder Ejecutivo Nacional confirmó la vigencia de la reforma en el sistema de controles vehiculares mediante la publicación del Decreto 139/2026 en el Boletín Oficial. La medida desestima el reclamo administrativo presentado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (CATRAI) y un grupo de casi treinta empresas del sector, que buscaban frenar las modificaciones introducidas previamente por el Decreto 196/25. Con esta publicación, el Gobierno ratifica los cambios que flexibilizan el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en todo el territorio nacional.
La nueva normativa introduce cambios sustanciales en los plazos para realizar las inspecciones. Para los vehículos 0 km, la primera revisión técnica deberá efectuarse recién a los cinco años del patentamiento, extendiendo el plazo que anteriormente era de tres años. En el caso de los automóviles que tengan hasta diez años de antigüedad, el control pasará a ser bienal, eliminando la obligatoriedad de realizar el trámite todos los años. Esta modificación alcanza a millones de conductores en todo el país, que verán reducida la frecuencia de las visitas a los centros de inspección.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la eliminación de la exclusividad para los centros de inspección tradicionales. A partir de ahora, las autoridades de cada jurisdicción no podrán limitar la cantidad de establecimientos habilitados ni establecer tarifas máximas o mínimas. Esta disposición permite que concesionarias oficiales, importadores de vehículos y talleres mecánicos generales puedan incorporarse al sistema para realizar las revisiones técnicas, abriendo el mercado a nuevos actores. La medida apunta a generar mayor competencia y, en teoría, mejores precios para los usuarios.
Desde el Gobierno se justificó la extensión de los plazos argumentando que los vehículos modernos cuentan con estándares de seguridad superiores, lo que convierte a las inspecciones frecuentes en una carga burocrática innecesaria. Respecto a la seguridad vial, el argumento oficial se apoya en estudios internacionales que indican que la mayoría de los siniestros son causados por factores humanos y no por desperfectos mecánicos. Además, se destacó que la objetividad del proceso se garantizará mediante la fiscalización de los protocolos y no a través de restricciones a la actividad de los prestadores, dejando abierta la posibilidad de que nuevas empresas se sumen al sistema en los próximos meses.
